Explíqueme este mail. El fiscal Luis Toledo lee un correo electrónico fechado el 28 de noviembre de 2013, donde la entonces asesora de la Municipalidad de Machalí Cynthia Ross le cuenta entusiasmada al dueño de Caval, Mauricio Valero, la buena noticia de que finalmente se ha aprobado el Estudio de Capacidad Vial de la zona donde estaban los terrenos que iba adquirir dicha empresa. “Le dimos el palo al gato”, escribe.

La profesional de 42 años no puede evitar sonrojarse con la frase, como lo hizo varias veces durante las 11 horas que duró su interrogatorio en calidad de imputada. Trata de responder, dice que es un lenguaje informal, que no se refería a la concreción de un negocio, sino que ese día estaba contenta porque, después de meses de trabajo, el municipio había logrado que se aprobara dicho estudio.

El fiscal sigue intrigado y vuelve sobre la carga: ¿Pero ese gato del que habla, no es Juan Díaz, “el Gatito”? Ross queda descolocada con la pregunta. Declara que en ese momento aún no sabía de los millonarios honorarios que había recibido el ex operador político de la UDI Juan Díaz para agilizar el cambio en el plan regulador de Machalí, ni mucho menos que en la empresa Caval lo apodaban “el Gatito”. El fiscal toma nota. En sus manos tiene varios correos, tanto o más controvertidos, que requieren una aclaración.

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Cynthia Ross llega puntual al café cercano a su casa en Chicureo. Pide un té, enciende su notebook donde tiene ya redactado gran parte de lo que quiere decir, y sobre la mesa extiende una enorme línea de tiempo, de un metro de extensión, elaborada por ella misma, donde tiene impreso el detalle con todo lo que fue su rol desde marzo de 2011 hasta febrero de 2015 respecto a los terrenos del famoso caso Caval.

Lo que tiene que explicar es difícil de explicar. Primero asesoró a su tío Patricio Wiesner, dueño original de los predios; luego trabajó para el síndico de quiebras Herman Chadwick, quien debía vender los terrenos y para quien elaboró una propuesta de desarrollo urbano para cambiar el uso de suelo sobre 174 hectáreas, la que fue entregada al municipio de Machalí; luego entró a trabajar como asesora a honorarios a dicha municipalidad, donde su tarea fue, precisamente agilizar el plan regulador diseñado por ella misma, así como el Estudio de Capacidad Vial que lo sustentaba. Paralelamente, Ross se reunía y entregaba información a eventuales compradores de los terrenos, como Valero, el dueño de Caval, a quien incluso acompañó en una de las tasaciones del sitio.

“No puedo entender qué es lo que tengo que ver con la entrega de un crédito de $ 6.500 millones a una pyme. Mi trabajo no es de especulación inmobiliaria, es de planificación urbana. A diferencia de Dávalos, yo no borré nada de mi computador, entregué todo y ahora tengo que dar explicaciones”, sostiene Ross.

 

Cree que no ha cometido nada ilegal. Titulada de la Universidad de Chile, desde hace 20 años viene trabajando en el trazado de límites urbanos y dice que es normal que sean los privados quienes hagan los estudios de planificación urbana que requiere el Estado. Este hubiese sido un proyecto más de cambio de uso de suelos, que habría pasado desapercibido, si no fuera porque se descubrió que la empresa que adquirió y revendió los terrenos estaba vinculada a la familia de la presidenta Michelle Bachelet.

“Siento mucha rabia e impotencia, es una película de terror donde se cruzan las historias. Veo que hay un negocio del cual no he recibido ganancia alguna ajena a lo que fue mi trabajo. Se ensucia la honra de las personas y no puedo entender qué es lo que tengo que ver con la entrega de un crédito de $6.500 millones a una pyme. Mi trabajo no es de especulación inmobiliaria es de planificación urbana. A diferencia de Sebastián Dávalos yo no borré nada de mi computador, entregué todo y ahora tengo que dar explicaciones”, sostiene.

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Explíqueme este mail. El fiscal Toledo lee ahora un correo del 6 de mayo de 2011, que envió Ross a Juan Díaz: “¡Si el proyecto es muy bueno! ¡Y la extorsión también! Ja ja. Atte... Loba con piel de oveja”. La arquitecta se avergüenza, dice que es un chiste, que hay que analizar la frase en su contexto.

La trama se inicia a comienzos de 2011, cuando su tío materno, Patricio Wiesner, aquejado por las deudas y al borde de la quiebra, le pide asesoría para vender su campo de 84 ha en la VI Región. Aunque tienen una relación más bien distante, Cynthia visita por primera vez los terrenos y estudia el proyecto de convertir los fundos en un exclusivo condominio residencial junto a una laguna. Sin embargo, descubre con sorpresa que por error la Municipalidad de Machalí había catalogado la zona de urbana, cuando en realidad tenía suelo rural. Molesta, va junto a su tío al municipio a pedir explicaciones: el asunto es grave y evalúan presentar una demanda por perjuicios. Fue entonces, según el testimonio de Ross, cuando el director de Obras Municipales, Jorge Silva Menares —quien luego adquiriría un rol protagónico en esta historia—, acude a Rancagua a tratar el caso con el jefe de Desarrollo Urbano de la Seremi, Patricio Olate. Ambos concuerdan que, para evitar una demanda, cabía la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de cambio al plan regulador en la zona, pese a que este se había modificado recién el 2010.

“En relación a eso, yo le mando el mail a Juan Díaz. Teníamos un grado de amistad desde 2009, estábamos trabajando en un proyecto de un edificio en Independencia. Y le conté lo de mi tío, y me reía porque me sentía mala, porque estaba haciendo una extorsión elegante a la municipalidad, es fea la palabra, lo sé”, relata.

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Cuando en junio de 2011, el síndico Herman Chadwick se hace cargo del convenio judicial preventivo para pagar a los acreedores de Wiesner S.A., el nombre de Cynthia Ross le salta por todos lados: se la recomienda el propio dueño de los terrenos y también Juan Díaz, quien es antiguo colaborador de la familia Chadwick. La invita a una reunión. En la cita Ross le expone al síndico que la mejor vía para valorizar los terrenos es conseguir que se cambie el Plan Regulador Intercomunal, PRI, lo que es resorte exclusivo de la Seremi de Vivienda.

“A la salida de esa reunión, Díaz me dice que él pagará mis honorarios. De esta manera yo no estaría vinculada con el Sr. Wiesner”, explica la arquitecta. Acuerdan un pago de $ 18 millones por el proyecto, más un pago a proveedores. Ross dice que no tenía conocimiento de que Díaz había pactado en secreto recibir $ 415 millones por gestionar la venta de los terrenos y el cambio de uso de suelos. Tampoco sabía, señala, del supuesto “premio” de $ 96 millones que su tío Wiesner y la esposa de este, Helga Riffart, habían prometido al síndico, al margen de lo que establece el convenio judicial.

Díaz y Ross comienzan a trabajar. En la Intendencia se reúnen con Patricio Olate, quien les informa que para que la Seremi incorpore esos terrenos, la iniciativa debe ser presentada por la municipalidad. Van entonces a la municipalidad, donde Jorge Silva acoge la idea. “Ahí ya teníamos claro que la propuesta la teníamos que hacer como privados, porque tanto la Seremi como la municipalidad se quejaban de que no tenían plata ni tiempo, ni equipos técnicos”, afirma Ross.

Así diseña el elaborado proyecto que contempla un nuevo centro urbano para Machalí en el sector de Nogales y permite la expansión urbana en 174 ha junto a la carretera del Cobre, incluidas las 44 ha de su tío (Chadwick ya había rematado las otras 40 ha para pagar a los trabajadores). Entendiendo que la principal traba para que se apruebe la propuesta es la alta congestión vehicular que existe entre Rancagua y Machalí, a Ross se le ocurre trazar un nuevo camino junto a los predios, el que bautiza como “Avenida Santa Elena”, en honor a su abuela, la madre de Wiesner, quien recién había fallecido el 3 de septiembre de 2011. Además consigue que Chadwick y Juan Díaz paguen otras 360 UF (9 millones) para el Estudio de Capacidad Vial, el que encargó a una consultora técnica independiente.

El 17 de julio de 2012, Díaz y Ross finalmente entregan el proyecto a Silva en la Dirección de Obras de Machalí. Estaba orgullosa de su trabajo, pero quería asegurarse de que se hiciera realidad y no quedara olvidado en un cajón. Consideró que era necesario comenzar a trabajar desde dentro de la municipalidad.

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Explíqueme este mail. El fiscal muestra un mensaje del 5 de junio de 2013 enviado por Patricio Olate desde su correo del Minvu a la cuenta de Ross en la Municipalidad de Machalí: “Cynthia, estamos avanzando con nuestros tiempos, elaborando el informe de evaluación ambiental. Te rogaría no presionar”, dice. Olate ha declarado ante el Ministerio Público que “Cynthia Ross tuvo una conducta de constante presión para que el plan regulador avance rápido. Ella presionaba junto al director de Obras, Jorge Silva. No nos dejaban trabajar tranquilos”.

Ross se indigna con la acusación. “Verdaderamente no sé a qué se refiere este señor con recibir presiones, para mí son insistencias para saber los plazos que ellos manejaban”. Dice que ella viene del mundo privado y está acostumbrada a mayor eficiencia y que el problema en las planificaciones regionales es que sus plazos no están establecidos por ley. Exhibe en su defensa varios correos que envió a la Seremi donde sólo pide “un calendario tentativo para colaborar con las gestiones” e incluso le dice a Olate “porfa, no sientas que hay presión, lo que pasa es que aquí en la muni vienen a preguntar fechas a cada rato, el alcalde es el más preocupado”.

La arquitecta entró a trabajar a la municipalidad en agosto de 2012, el contrato a honorarios por sólo $ 500 mil lo firmó el propio alcalde, José Miguel Urrutia (UDI). Su rol era asesorar a Jorge Silva con el plan regulador y además poder tramitar el estudio de vialidad, “el cual era muy difícil hacerlo desde el lado privado”, señala. Aunque no tiene oficina, Ross comienza a ir todos los meses al municipio. En octubre el concejo municipal aprueba por unanimidad su mapa de ampliación urbana “sin cambiarle ni una coma”. En noviembre el alcalde le entrega oficialmente el proyecto al seremi, Jorge Silva Herreros. Los técnicos de la Intendencia responden con una propuesta mayor de 1.000 ha, y finalmente llegan a una solución intermedia de 470 nuevas hectáreas urbanas.

“Es extraño que el alcalde (José Miguel Urrutia) diga ahora que no sabía quién era yo. Nos vimos varias veces, todo el mundo conocía a mi tío. En marzo de 2013 vamos juntos a una reunión con el seremi; ‘que buenamoza mi asesora’, decía y ahora me desconoce”, relata Ross.

“Es extraño que el alcalde diga ahora que no sabía quién era yo. Nos vimos varias veces, todo el mundo conocía a mi tío. En marzo de 2013 vamos juntos a una reunión con el seremi; ‘que buenamoza mi asesora’, decía y ahora me desconoce”, relata Ross. Sobre esa reunión, Silva Herreros ha declarado que le llamó la atención “lo insistente y molesta” que era la arquitecta para pedir que se corriera la línea urbana unos metros más al sur, y se aumentara la densidad a un máximo de 120 habitantes por hectárea, cuando la Seremi proponía 60.

Pero el punto que eventualmente podría complicar judicialmente a Ross —en momentos que el fiscal prepara las formalizaciones— es otro: aunque la arquitecta dice que entró al municipio cuando ya había terminado su trabajo para Chadwick, Juan Díaz recién le paga sus honorarios en diciembre de 2012, siendo asesora de la alcaldía. La profesional abrió todas sus cartolas bancarias para hacerle ver al fiscal que se trataba de pagos atrasados. El abogado defensor de Ross, Mario Vargas, señala: “Cynthia tuvo un rol técnico, no cometió delitos. Ella fue contratada por un proyecto en particular y los pagos son por un trabajo realizado antes de ingresar a la municipalidad. No queremos que el hilo se corte por el que no tiene influencia política”.

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En abril de 2013 aparece Caval en esta novela. Aunque hoy lo considera “un error” que se puede malinterpretar, Ross dice que no tenía impedimento legal para reunirse con los eventuales compradores de los terrenos a petición de Juan Díaz. Ya el año anterior se había reunido con Nabil Mansour, el primer interesado, y ese jueves 4 de abril recibió en la municipalidad a Mauricio Valero, quien llegó acompañado del histórico militante UDI, Patricio Cordero. En la cita también participaron Díaz, Jorge Silva y otra persona que no logra identificar.

Allí Silva expuso los antecedentes respecto al proyecto del plan regulador, información que —según argumenta Ross— desde enero ya era pública para quien lo solicitara, según Ley de Transparencia. Sin saber aún que la empresa era de Natalia Compagnon, la arquitecta se empieza a involucrar cada vez más con Caval. En mayo, a petición de Díaz, elabora un informe de tasación de nueve páginas sobre las 44 ha, que se lo envía a Cordero. “Se trata de una descripción del terreno y le coloqué los precios existentes de la zona. No me tomó más de 10 minutos. Tenía toda la información y sólo corté y pegué documentos, nunca cobré por ese informe”.

En ese texto, que Caval utilizaría para acompañar su solicitud de créditos a la banca, Ross da por seguro que los predios pasarían a tener la condición de urbanos. Y un hecho curioso: en agosto de 2013 junto a Diaz, acompaña a Valero a visitar los terrenos para la tasación del Banco Santander que realizaría Wilfredo Valdés, el mismo que meses más tarde sería nombrado seremi del gobierno de Bachelet. A la tasación anterior había ido Jorge Silva. En noviembre envía por mail nueva información a Valero para la solicitud de crédito con el Banco de Chile, que se aprueba finalmente el 13 de diciembre.

“Yo lo hacía todo eso porque me convencía Juan Díaz. Me decía que le iba a hacer corretaje a Caval, después que era socio con Cordero, yo no sabía qué era verdad”, relata. Sólo después se enteraría por la prensa que Cordero y Díaz tenían un acuerdo con Caval para llevarse parte de las ganancias por la reventa de los terrenos. “Yo no sabía que Díaz tenía problemas judiciales anteriores. Él era muy mentiroso, lo pillé varias veces, según él no eran mentiras eran ‘improvisaciones’”. Aún así, reconoce que tenían una buena amistad y compartían un humor negro. Durante esos dos años se iban juntos a Machalí: solían pasar a ver otro negocio que desarrollaban en Buin y paraban a jugar en las máquinas del casino Monticello. Luego Díaz entraba a la municipalidad con toda confianza a reunirse con Silva, y así compartieron varias jornadas de trabajo. Los tres se hacían llamar “los pitufos”: “Yo era la Pitufina; Juan, Papá Pitufo y Jorge el Pitufo gruñón”, bromea Ross.

Hoy el fiscal está investigando si existen pagos ilegales de Díaz a Jorge Silva. El ex jefe de la Dirección de Obras, destituido este año por el alcalde por “faltas a la probidad administrativa”, es cuestionado por sus numerosas reuniones con Díaz, por entregar información a Caval y por tramitar el estudio de capacidad vial sin haberlo licitado. A fines de 2013, Silva compra dos Volvo último modelo para él y su esposa, Marisol Navarrete, sobre la que también se investigan pagos. Según la indagación de Fiscalía, Silva habría hecho trabajos de arquitecto para Díaz en un sitio en el sur.

“Después que Caval compra los terrenos (en enero de 2014), Díaz se queda vinculado a los fundos. ´Mira, estoy sacando manzanas´, me decía mostrando fotos en el packing. Le pasó a Jorge Silva las llaves del campo para que remodelara la casita de mi tío”, dice Ross. Afirma que no sabe si ellos cometieron alguna irregularidad, lo que sí sabe es que Díaz tenía un vínculo anterior con el alcalde Urrutia: “Yo los vi saludarse como grandes amigos”.

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Explíqueme este mail. El fiscal lee el correo del 4 de abril de 2014 donde Ross le dice a Díaz, “a veces siento que tengo dotes de escritora... la leo y la encuentro clarita, clarita”. La arquitecta hacía referencia al oficio 357 enviado ese día por el alcalde Urrutia a la recién asumida intendenta Morín Contreras, donde le pide “avanzar rápidamente en el proceso de modificación del PRI”.

Ross había redactado ese documento y luego por escrito le hace ver a Juan Díaz la importancia de que los nuevos estudios que encargaría la Intendencia a una consultora externa para el plan regulador contemplaran sólo la conurbación Rancagua Machalí y no a la comuna de San Francisco de Mostazal que paralizaba el proceso. Él traspasa el mensaje a Caval. En otro mail, Ross le advierte que es un hecho que la Seremi licitará el estudio de la región completa. Esto se viene en serio, hay que pararlo, le dice. Díaz responde que hablaría con el alcalde. “Sin mi conocimiento, Díaz remite mi correo a Sol Herreros (gerente de proyectos tecnológicos de Caval) y ella se lo reenvía a Natalia Compagnon”, afirma Ross. El mail de Sol Herreros fechado el 18 de junio de 2014 dice: “Ayer me volvió a llamar (Díaz) para reiterarme la importancia de frenar la intención de volver a hacer un trabajo que está realizado, ya que podría generar demoras de dos años y un problema mayor”.

Luego en julio, Cynthia Ross pide una reunión a Wilfredo Valdés, que era el nuevo seremi. “¿Te acuerdas de mí, de la tasación?, le digo y lo felicito por su nuevo cargo. Quería mostrarle todo el avance que habíamos hecho con el estudio de la capacidad vial. Es Jorge Silva quien finalmente se reúne con él y Valdés le informa que va a licitar un estudio sobre el plan regulador”.

Aunque recibió un poder de representación de la CCU y visitaba libremente la planta de Quilicura, su trato era exclusivamente con Juan Díaz, que le pagó cerca de $ 23 millones. Entonces ya sabía que Natalia Compagnon se entendía directamente con Andrónico Luksic, dueño de CCU.

Aunque siguió como asesora de la municipalidad todo 2014, Ross dedica la mayor parte del año a otros trabajos solicitados por Juan Díaz, como un proyecto inmobiliario en Tejas Verdes, los terrenos de GonzaloVial Concha en Machalí y un proyecto de gestión municipal en Renca (ambos trabajos pedidos por Herman Chadwick) y un proyecto en la empresa CCU que le había encomendado Mauricio Valero. “Me encargan la regularización de las edificaciones sin permiso y la revisión del anteproyecto y del proyecto del edificio corporativo de la empresa en Quilicura y gestioné la mitigación vial para la planta”. Aunque recibió un poder de representación de la CCU y visitaba libremente la planta, su trato era exclusivamente con Juan Díaz, que le pagó cerca de $ 23 millones. Entonces ya sabía que Natalia Compagnon se entendía directamente con Andrónico Luksic, dueño de CCU. “Al final yo me salgo porque no quería trabajar más con Valero, era poco profesional y escondía la información.

Descubro que los estudios de SCR (la empresa que Compagnon llevó a trabajar a la CCU) estaban mal hechos, y pese a que lo debería firmar un profesional competente para que entren a la Secretaría de Transportes, lo firma la diseñadora Sol Herrero, de Caval. Sol me preguntaba a mí porque no sabía ni cuántas copias había que entregar. Eso me molesta, que ellos jugaban a la consultoría”.

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Dice que se debería investigar la oferta de Álvaro Covacevich a Caval el 2013 para comprar los terrenos por $ 27 mil millones, cifra que, a su juicio, se dispara de cualquier valor de mercado. O que se debería investigar la desconocida tasación que realizó el Banco de Chile de los terrenos y que fue justo del monto que requería Caval. Pero cree que los diputados de la comisión y los medios están obsesionados con ella. “Yo entregué todo al fiscal. Si a alguien le pagaron para hacer o decir algo en el municipio o en la Seremi, sería una lástima, porque sigo creyendo que era un gran proyecto. Mi esposo ya me ha comentado que si las cosas siguen así deberíamos irnos del país con los niños. Yo no quiero transformarme en el chivo expiatorio”.